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El 7 de septiembre se cumplieron cuatro años desde que El Salvador se convirtiera en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin (BTC) como moneda de curso legal. Lo que comenzó como una apuesta disruptiva por la innovación financiera ha sido parcialmente revertido por el propio Gobierno, en un giro influido tanto por la realidad económica como por la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI).
De pioneros a la retirada parcial
Impulsado por el presidente Nayib Bukele en 2021, el experimento pretendía fomentar la inclusión financiera, abaratar las remesas y atraer inversión extranjera. El Ejecutivo lanzó entonces la billetera oficial Chivo, ofreciendo 30 dólares en BTC a cada ciudadano que se registrara. Aunque cerca de la mitad de la población descargó la aplicación inicialmente, el uso activo cayó en picado a partir de 2022.
En enero de 2025, como parte de un acuerdo de asistencia financiera con el FMI valorado en 1.400 millones de dólares, el Gobierno salvadoreño redujo el estatus legal del Bitcoin. Desde entonces, su uso ha pasado a ser opcional y limitado al ámbito privado. Además, se eliminó la posibilidad de pagar impuestos en criptomonedas.
Advertencias del FMI y escasa adopción local
Durante estos años, el FMI advirtió repetidamente de los riesgos que conlleva la volatilidad del Bitcoin para una economía como la salvadoreña, que funciona bajo un régimen dolarizado. Problemas técnicos, escasa adopción comercial y preocupaciones de seguridad han dificultado aún más su implementación.
Pese a la obligatoriedad legal inicial, solo un 20 % de los comercios llegaron a aceptar pagos en BTC, y de ellos, el 88 % convertía inmediatamente las transacciones a dólares. En la propia app Chivo, apenas el 5 % de las operaciones se realizaban en Bitcoin; la mayoría de usuarios optaban por mantener sus fondos en dólares estadounidenses.
Reservas en BTC y apuesta tecnológica
A pesar del retroceso, el país no ha abandonado por completo el ecosistema cripto. De hecho, El Salvador mantiene una reserva estratégica de 6.102 BTC, reforzada con nuevas compras en marzo de este año.
El Gobierno también sigue comprometido con el desarrollo tecnológico. En enero organizó el PLANB Forum 2025, una de las mayores conferencias cripto de Centroamérica, y en agosto, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que permite a los bancos de inversión regulados tener Bitcoin en sus balances y ofrecer servicios vinculados a criptoactivos para inversores profesionales.
Un giro pragmático
Aunque los resultados del experimento como moneda de curso legal han sido limitados, el movimiento actual refleja un cambio de enfoque: cumplir con las exigencias de los organismos internacionales sin renunciar del todo a su aspiración de convertirse en un hub regional para la innovación digital.
El Salvador no ha abandonado el Bitcoin, pero sí ha matizado su papel dentro de la economía. A cuatro años de su histórica decisión, el país parece buscar un equilibrio entre ambición tecnológica y estabilidad financiera.
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